El acceso a la justicia es un derecho humano que debe garantizarse por los Estados y que está establecido en todas las Constituciones democráticas y universalmente en los tratados internacionales de derechos humanos.
Chile al firmar la DDPI-NU, Conv 169 OIT y DADPI-OEA, se compromete a realizar adecuaciones institucionales para cumplir con dichos tratados. De hecho, una de las medidas llevadas a cabo por el poder ejecutivo entre el 2008 al 2014, fue la reglamentación del artículo 6 y 7 del Conv. 169 OIT con la promulgación del Decreto Nº 124[1] en el 2009 y reemplazó posteriormente por el Decreto Nº 66[2] de 2013, referido al derecho a consulta de los pueblos indígenas, reconociendo esta realidad en Chile.Pero, y a pesar de ello, conviene decir que, en general, las medidas adoptadas hasta la fecha han sido insuficientes para garantizar el ejercicio de los derechos mínimos por parte de los pueblos indígenas en Chile.
La presente ponencia analiza algunas medidas adoptadas por el sistema judicial en Chile entre el 2008 al 2018, para responder a las exigencias de las declaraciones y convenios internacionales en materia de derechos indígenas para mejorar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas.

Autor: Pedro Pablo Campos Sarmiento (Universidad de Deusto)  Correo electrónico: pedro.campos.sarmiento@gmail.com