Chile vive instancias cruciales para definir el marco constitucional del Estado, que a su vez tendrá repercusiones en el desarrollo rural. Las propuestas realizadas por las y los constituyentes apuntan a que la gestión estatal facilite la participación social para el diseño y ejecución de programas y políticas públicas, fomentando los circuitos de comercialización corta, modificando las comunas y creando unidades vecinales que incluso puedan ejercer funciones jurisdiccionales. Si bien reconocen la ruralidad principalmente por la relación de las comunidades humanas con la tierra, el agua y el mar, las nuevas disposiciones constitucionales evidencian desafíos de implementación.

¿Quién decidirá sobre el manejo de los recursos disponibles en la ruralidad? ¿Cómo estas decisiones afectan la biodiversidad de nuestro país? En la región del Biobío existen novedosas iniciativas con financiamiento estatal, como SIMOL en la comuna de Ranquil y el FNDR PRELA en la cuenca del lago Lanalhue en la provincia de Arauco, que ponen en valor la gobernanza para, mediante educación ambiental y articulación social, transformar la relación de las comunidades rurales con la naturaleza, fomentando la ciencia ciudadana y el dialogo de diferentes saberes territoriales para definir las acciones y rutas.

Autor: Sebastián Guillermo Nilo Valenzuela  (SEREMI del Medio Ambiente Región del Biobío)  Correo electrónico:  sebanilotalca@gmail.com